Organismos Regionales

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión.

EL MERCOSUR es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de Estados Asociados –es la situación de los países sudamericanos–.

El MERCOSUR toma sus decisiones a través de tres órganos: el Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior del MERCOSUR, el cual conduce políticamente el proceso de integración, el Grupo Mercado Común (GMC), que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque, y la Comisión de Comercio (CCM), encargada de la administración de los instrumentos comunes de política comercial. Asistiendo a dichos órganos existen más de 300 foros de negociación en las más diversas áreas, los cuales se integran por representantes de cada país miembro y promueven iniciativas para ser consideradas por los órganos decisorios.

Con el transcurrir del tiempo y a los efectos de la implementación de sus políticas regionales, el MERCOSUR ha creado en distintas ciudades diversos organismos de carácter permanente entre los que se encuentran el Alto Representante General del MERCOSUR (ARGM), el FOCEM, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH), el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), la Secretaría del MERCOSUR (SM), el Tribunal Permanente de Revisión (TPR), y la Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS).

Con el fin de contribuir al fortalecimiento y desarrollo del proceso de integración, las dos instituciones acordaron trabajar en la ejecución de programas y proyectos regionales de migraciones y movilidad humana que redunden en beneficio de los migrantes en los Estados Partes del MERCOSUR.

En este sentido, el objeto de la cooperación reside en la implementación de proyectos en áreas específicas, como son: la protección de los derechos humanos de los migrantes; la libre circulación de personas; la migración y el desarrollo; los flujos migratorios mixtos; la integración e inclusión social de los migrantes; la cuestión de género en los procesos migratorios; la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes; los aspectos laborales de las migraciones y libre circulación de trabajadores; la migración en zonas de frontera, el control migratorio y la gestión de las fronteras; la estandarización de datos estadísticos migratorios; los sistemas de información migratoria; la capacitación a funcionarios de la región; la legislación y regularización migratoria; la asistencia consular, vinculación con nacionales en el exterior y retorno; la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH)

El IPPDH se creó en 2009 por decisión del Consejo de Mercado Común con el objeto de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho en los países que integran el bloque, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos, y de consolidar los derechos humanos como un eje fundamental de la identidad y desarrollo del MERCOSUR. Desde el año 2010, fecha en que se nombró a su primer Secretario Ejecutivo, el IPPDH ha comenzado a llevar a cabo acciones y proyectos específicos en las temáticas vinculadas a derechos humanos en los países del MERCOSUR.

El IPPDH tiene, dentro de sus objetivos, el de cooperar, cuando sea expresamente solicitado por los Estados del MERCOSUR en el diseño de políticas públicas en la materia y su posterior consecución y en la implementación de los medios que permitan una más efectiva y eficaz protección y promoción de los Derechos Humanos reconocidos en las respectivas Constituciones Nacionales y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.